Defensoría del Pueblo pidió seguir atendiendo Comunidades Indígenas frente al COVID-19 en el 2021

La Defensoría del Pueblo requirió a los ministerios de Salud, de Economía y Finanzas así como a los gobiernos regionales garantizar la continuidad en la implementación del Plan de intervención para las comunidades indígenas amazónicas frente al COVID-19, durante el año 2021, mediante la asignación presupuestal necesaria para reforzar a los establecimientos de salud que atienden a estas comunidades.

Durante la pandemia, la Defensoría advirtió que los pueblos indígenas sufrieron el grave impacto de esta nueva enfermedad: No contar con servicios de salud y medidas que respondan idónea y oportunamente a los efectos de la pandemia, fue un factor determinante para la rápida expansión del coronavirus en sus territorios durante los primeros meses de la emergencia. Esta realidad ha dejado la cifra de casi 27 000 personas indígenas afectadas, según el Ministerio de Salud (Minsa).

De acuerdo con estas cifras, los departamentos de la Amazonía con mayor incidencia son Loreto (6901), Amazonas (6582) y Ucayali (2268), que registran un mayor número de personas indígenas contagiadas, mientras que las regiones de Ayacucho (3396) y Puno (950) reportan una mayor incidencia de contagio en la población indígena andina. Esta situación puso en evidencia, una vez más, la falta de atención histórica para esta población con servicios públicos adecuados y eficientes.

Luego de realizar una supervisión a 134 microrredes de salud de los departamentos de Amazonas, Ucayali, Loreto, Cusco, Junín y San Martín, se detectó un alto número de personal de salud contagiado, asimismo se identificaron un total de 39 establecimientos de salud cerrados por falta de personal. Estos hallazgos fueron inmediatamente puestos a conocimiento a las direcciones y/o gerencias regionales de salud y del Minsa exhortándoles a adoptar las acciones correctivas necesarias para garantizar su debido funcionamiento.

En ese sentido, se vio como neceesario y prioritario reforzar la capacidad operativa de los establecimientos de salud de manera continua, con personal y la logística necesaria para cumplir adecuadamente sus funciones. Además de garantizar la disponibilidad de los medicamentos e insumos necesarios para brindar una oportuna atención a las personas contagiadas por este virus, así como de las otras enfermedades prevalentes.

La Defensoría solicitó al Ministerio de Cultura en coordinación con los gobiernos regionales, las organizaciones y líderes indígenas, continúe brindando la asistencia técnica, monitoreo y seguimiento a las intervenciones sanitarias y sociales que se vienen realizando en las zonas donde habitan pueblos indígenas. Así como, vigilar la incorporación del enfoque intercultural en las distintas estrategias de acción estatal.

También se ha pedido al Ejecutivo evaluar el impacto social y económico en el ejercicio de los derechos individuales y colectivos que está ocasionando el COVID-19 a los pueblos indígenas del país, con la finalidad de que el Estado, en sus tres niveles de gobierno, diseñe e implemente políticas públicas destinadas a la reconstrucción de los medios de vida de este grupo de la población, principalmente en los sectores más afectados.