Defensoría del Pueblo pide a las autoridades del Cusco sancionar con rigurosidad a profesores acusados de violencia sexual

Foto referencial y redacción: Radio Quillabamba

Mediante un comunicado oficial, la Defensoría del Pueblo – Cusco pidió a las autoridades educativas ser muchos más drásticos con las sanciones de docentes que tienen acusaciones de violencia sexual contra estudiantes. Lo que suele ocurrir es solo el separamiento del profesor del plantel; sin embargo, esto no lo imposibilita de ser contratado luego en otros centros educativos debido a que no existe algún procedimiento administrativo.

Este pedido se dio luego de un reciente caso de una adolescente que habría sido víctima de violencia sexual por parte de un profesor contratado en una institución educativa de la provincia de Urubamba. Al tomar conocimiento del caso, la Oficina Defensorial demandó a la Unidad de Gestión Educativa Local (UGEL) local no solo separar de manera preventiva al docente, sino iniciar un procedimiento administrativo disciplinario.

Luego de este pedido, la UGEL Urubamba comunicó la separación del docente del centro educativo y el inicio de dicho procedimiento. Este último 1 de setiembre se confirmó la destitución oficial del docente, lo que impedirá que sea contratado en otros colegios y tampoco podrá reinsertarse en la carrera pública magisterial.

Paralelamente a estas acciones, se solicitó información al Ministerio Público sobre el estado de la investigación a nivel penal contra el docente, que se encuentra a cargo de la Segunda Fiscalía Provincial Penal Corporativa de Urubamba. Este despacho fiscal informó que el caso se encuentra en etapa de investigación preparatoria y que se ha dispuesto que la adolescente sea atendida por la Unidad Distrital de Asistencia a Víctimas y Testigos.

Debido a este contexto, la Defensoría pide que ante un hecho similar de casos de violencia sexual hacia niñas, niños o adolescentes, las autoridades educativas y del sistema de justicia actúen con inmediatez y tomar en cuenta el enfoque de género para llevar el caso y garantizar el bienestar de la víctima.

Por último, pidió recordar que que es obligación de las autoridades brindar protección y respeto a la integridad de los niños, niñas y adolescentes que denuncien estos hechos ante la justicia.